Según los informes, el gigante farmacéutico Pfizer-BioNTech dicta los acuerdos gubernamentales de vacunas en los que participa. Según un informe de vigilancia de los derechos del consumidor, la empresa tiene el poder de influir en los gobiernos, las cadenas de suministro y los consumidores.
El tema común de estos contratos es que “anteponen constantemente los intereses de Pfizer a los imperativos de salud pública”, escribió Zain Rizvi, autor del informe e investigador de leyes y políticas en Public Citizen, un grupo de defensa de los derechos del consumidor.
“Los contratos ofrecen una visión poco común del poder que una corporación farmacéutica ha ganado para silenciar a los gobiernos, reducir el suministro, cambiar el riesgo y maximizar las ganancias en la peor crisis de salud pública en un siglo”, afirma Rizvi.
Hasta ahora, Pfizer se ha comprometido en al menos 73 acuerdos de vacunas contra la enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19) con gobiernos nacionales. La organización de derechos del consumidor obtuvo acuerdos concertados con nueve países: EE. UU., Reino Unido, Albania, Brasil, Colombia, Chile, República Dominicana, Comisión Europea y Perú.
Se calculó que siete de los contratos no redactados valían más de 5 mil millones de dólares. Además, se incluyeron cláusulas de confidencialidad para evitar que los gobiernos hicieran «‘cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos [del] Acuerdo’ o comentaran sobre su relación con Pfizer sin el consentimiento previo por escrito de la empresa».
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Sharon Castillo, portavoz de Pfizer, dijo que las cláusulas de confidencialidad eran «estándar en los contratos comerciales» y «pretendían ayudar a crear confianza entre las partes, así como proteger la información comercial confidencial intercambiada durante las negociaciones e incluida en los contratos finales», informó The Washington Post.
Sin embargo, esa opinión no es compartida por todos. «Ocultar los contratos a la vista del público o publicar documentos llenos de texto redactado significa que no sabemos cómo o cuándo llegarán las vacunas, qué sucede si las cosas van mal y el nivel de riesgo financiero que están absorbiendo los compradores», dijo Tom Wright, gerente de investigación en el Programa de Salud de Transparencia Internacional (Transparency International Health Program).
Por ejemplo, el convenio alcanzado con el gobierno brasileño prohíbe al gobierno hacer «cualquier anuncio público sobre la existencia, el tema o los términos del acuerdo».
Además, al menos cuatro países deben “indemnizar, defender y eximir de responsabilidad a Pfizer” de y contra todas y cada una de las demandas, reclamos, acciones, demandas, daños, costos y gastos relacionados con la propiedad intelectual de las vacunas. Lo que significa que Pfizer puede usar la propiedad intelectual de cualquier persona que le plazca, prácticamente sin consecuencias.
En países como Brasil, Chile, Colombia y República Dominicana, el gobierno “renuncia expresa e irrevocablemente a cualquier derecho de inmunidad que él o sus activos puedan tener o adquirir en el futuro” para hacer cumplir cualquier laudo arbitral, se lee en el informe. Para los primeros cuatro países, esto puede incluir «inmunidad contra la incautación preventiva de cualquiera de sus activos».
Por ejemplo, en el caso de EE. UU., los activos estatales pueden incluir activos que consisten en cuentas bancarias extranjeras, inversiones extranjeras y propiedades comerciales extranjeras, incluidos los activos de empresas estatales como aerolíneas y compañías petroleras.
El gigante farmacéutico también está imponiendo regulaciones estrictas a sus clientes con respecto a la donación, venta o compra de vacunas de entidades distintas de Pfizer.
En el caso de Brasil, la violación de estos términos significaría «un ‘incumplimiento material incurable’ de su acuerdo, lo que permitiría a Pfizer rescindir inmediatamente el acuerdo. Una vez rescindido, Brasil tendría que pagar el precio total de las dosis contratadas restantes», dice el informe.
Transparency International, un grupo de defensa con sede en Londres, argumentó que al menos cuatro contratos o borradores que examinó iban «mucho más allá» que otros desarrolladores de vacunas, con «más riesgo para los gobiernos nacionales, y lejos del desarrollador, incluso si se cometen errores por parte del desarrollador o los socios de la cadena de suministro, y no sólo si hay un efecto adverso poco común de las vacunas».
En resumen, “la comunidad global no puede permitir que las corporaciones farmacéuticas sigan tomando las decisiones”, dijo Rizvi a The Washington Post. Esperaba que la «administración de Biden pueda intensificar y equilibrar la balanza».
