El jueves 21 de octubre, el Departamento de Estado de EE.UU. emitió un comunicado de prensa titulado «Sobre la continua erosión de las libertades en Hong Kong» en el que se pide a las autoridades de China continental y de Hong Kong «que liberen a los detenidos injustamente y cesen su represión de las organizaciones pacíficas de la sociedad civil».
Asimismo «insta una vez más a Beijing a que cumpla las obligaciones que le impone la Declaración Conjunta Sino-Británica».
La declaración sigue a la sentencia del 16 de octubre de siete activistas por la democracia de Hong Kong, incluidos exlegisladores, que recibieron hasta 12 meses de prisión por su participación en una protesta contra la implementación de la Ley de Seguridad Nacional (NSL) por parte del Partido Comunista Chino en Hong Kong.
“Estados Unidos sigue seriamente preocupado por la continua erosión de los derechos humanos y las libertades fundamentales, incluida la participación política, en Hong Kong. Observamos en particular el aumento de enjuiciamientos por motivos políticos, incluso a través de la Ley de Seguridad Nacional, dirigidos a maestros, sindicatos, abogados, periodistas, trabajadores de la salud, sindicatos de estudiantes y ciudadanos de Hong Kong”, se lee en el comunicado.
Solo en septiembre, más de una docena de miembros del Consejo de Distrito fueron descalificados por el gobierno de Hong Kong después de que se determinó que sus juramentos eran inválidos, incluidos James To Kun-sun y Edith Leung Yik-ting del Partido Demócrata, y Lawrence Lau Wai-chung, quien está en libertad bajo fianza y participa en las primarias prodemocráticas de Hong Kong.
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«Las autoridades de Hong Kong continúan descalificando a decenas de concejales de distrito en favor de la democracia, que recibieron su mandato público de elecciones libres y justas en 2019», señaló el Departamento de Estado.
«Estas descalificaciones retroactivas y específicas, basadas en la determinación arbitraria de las autoridades de Hong Kong de que los juramentos de lealtad de estos concejales de distrito no son válidos, impiden que las personas en Hong Kong participen de manera significativa en su propio gobierno».
El Departamento de Estado también destacó el importante papel de los habitantes de Hong Kong y su sociedad civil, que sufrió su peor golpe el pasado mes de junio cuando Beijing impuso la NSL a la ex colonia británica.
La ley prohíbe cualquier expresión que se considere una amenaza para la «seguridad nacional», es decir, cualquier expresión crítica con el PCCh o la República Popular China. Su aprobación, tras un año de masivas manifestaciones prodemocráticas, supuso el fin funcional de las libertades políticas que tenía Hong Kong.
En 1984, Beijing había prometido que Hong Kong conservaría sus propias leyes y derechos civiles hasta al menos 2047, o 50 años después de 1997, año en que la ciudad fue devuelta a China desde el dominio británico. El Reino Unido, Estados Unidos y otros países han destacado esta traición como un ejemplo evidente de la falta de integridad del PCCh.
Decenas de miles de habitantes de Hong Kong, desproporcionadamente aquellos con mayor riqueza y educación, se han ido de la ciudad a otros países, como el Reino Unido, Estados Unidos o Taiwán. La población de Hong Kong está disminuyendo, al igual que su valor como centro de comerciantes y financieros entre China y el resto del mundo.
“La gente de Hong Kong y su vibrante sociedad civil han sido el mayor recurso de la ciudad y la piedra angular del éxito de Hong Kong como centro internacional de negocios e intercambio. Continuaremos apoyando a las personas en Hong Kong y sus derechos y libertades».
En diciembre pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos bajo la administración Trump anunció sanciones a 14 funcionarios chinos, por su participación en la descalificación de 14 miembros de la oposición del Consejo Legislativo de Hong Kong.
En marzo, la administración Biden anunció sanciones a 24 funcionarios chinos que socavaron la democracia y la libertad de Hong Kong.
En julio, el Dr. Nury Turkel, vicepresidente de la Comisión de Libertad Religiosa Internacional de Estados Unidos, destacó la efectividad de las sanciones a los funcionarios chinos.
«El hecho de nombrar y avergonzar mancha la imagen de esa persona en público, eso es mucho más hiriente que el daño real que se puede causar a la cuenta bancaria. El caso de Carrie Lam, por ejemplo, admitió públicamente que ya no puede usar tarjetas de crédito», dijo Turkel.
«Lo que podemos hacer es seguir persiguiendo a esos violadores de derechos humanos».
Debido a la prominencia del dólar estadounidense, las sanciones económicas de los EE. UU. obligan a casi todos los bancos internacionales a auditar la actividad financiera para tratar con las personas sancionadas.
