El régimen chino ha enviado inspectores de su unidad anticorrupción para investigar algunas de las instituciones financieras más grandes del país, incluidos los bancos estatales. Algunos creen que la represión fue provocada por la crisis de deuda que se desarrollaba vinculada a Evergrande y al mercado inmobiliario en general.
Según un comunicado oficial, los inspectores examinarán los comités del Partido Comunista Chino (PCCh) de 25 instituciones financieras en una investigación que durará aproximadamente dos meses. Las instituciones investigadas incluyen bancos, reguladores financieros, empresas de gestión de activos y bolsas de valores. En total, el gobierno ha enviado 15 equipos de inspección. Esta es la octava inspección de este tipo lanzada por el Comité Central del PCCh.
“Ellos [los inspectores] tienen la tarea de buscar desviaciones políticas y descubrir problemas importantes que puedan obstaculizar el sector. Impulsarán a las organizaciones del partido para que cumplan con sus mandatos, hagan avanzar las reformas financieras, sirvan mejor a la economía real, se mantengan firmes en la línea de fondo sin riesgos financieros sistémicos e impulsarán el desarrollo de alta calidad del sector”, informó People’s Daily, diario respaldado por el estado.
El Banco Popular de China, el Banco de Construcción de China, el Banco Industrial y Comercial de China, el Banco Agrícola de China, Citic Group, Bank of China, China Huarong Asset Management, la Bolsa de Valores de Shanghái y otros están bajo investigación.
Beijing está preocupado por la cantidad de dinero que las instituciones financieras le han prestado a Evergrande, una promotora inmobiliaria líder que actualmente tiene una deuda de más de 300.000 millones de dólares.
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Según un informe de The Wall Street Journal, la inspección busca averiguar si las instituciones financieras han sido «demasiado amistosas» con las empresas privadas. Los inspectores revisarán los archivos de préstamos y los registros regulatorios de las instituciones, así como los acuerdos que hayan realizado con entidades privadas.
Las personas y entidades involucradas en tratos inapropiados serán formalmente investigadas por el PCCh y potencialmente acusadas de delitos. Zhao Leji, actual jefe de la unidad anticorrupción, dijo que la inspección de 25 instituciones financieras «buscará minuciosamente cualquier desviación política».
Algunos analistas creen que el aumento de la represión regulatoria y la creciente incertidumbre del mercado obligarán a los bancos a endurecer las regulaciones sobre los préstamos a empresas privadas. Tales acciones podrían afectar negativamente a la economía porque las entidades privadas tendrían más dificultades para obtener fondos.
Según Michael Pettis, profesor de finanzas de la Universidad de Beijing, la disminución de la actividad económica en el sector privado presenta un dilema para Beijing. Demasiada represión contra los “malos préstamos” puede afectar el crecimiento económico.
«La reciente medida sobre las empresas financieras puede generar incertidumbre sobre si habrá medidas punitivas como multas o una mayor regulación en las actividades de préstamo, lo que parece ofrecer un panorama turbio para las empresas financieras a corto plazo», dijo a Bloomberg Jun Rong Yeap, estratega de mercado de IG Asia Pte.
La represión en la industria financiera sigue a investigaciones similares en el sector tecnológico, lo que posiblemente signifique que el estado está intentando ejercer un control completo sobre todos los aspectos económicos de la sociedad.
Según algunos funcionarios chinos, el líder Xi Jinping quiere asegurarse de que el sector financiero permanezca bajo control estatal y no sea dominado por empresas privadas y otros grupos. Históricamente, los esfuerzos anticorrupción han sido impulsados por múltiples motivos, algunos de los cuales revelan la corrupción sistémica y otros se utilizan para hacer frente a las amenazas políticas de Xi.
