El gobierno polaco está en desacuerdo con la Unión Europea por los derechos jurisdiccionales que conducen a una inminente salida de Varsovia y posiblemente a sanciones financieras impuestas por el órgano de gobierno supranacional.
La tensión alcanzó su apogeo después de que el Tribunal Constitucional polaco dictaminó que el proceso de integración legal codificado en el derecho de los tratados de la UE había alcanzado una «nueva etapa» y era irreconciliable con la legislación nacional polaca.
“Los órganos de la Unión Europea actúan fuera de los poderes que les confiere la República de Polonia”, dijo el fallo y continuó que en caso de que se le permita permanecer, “Polonia no puede funcionar como un estado soberano y democrático”.
Nada más conocerse la noticia, muchos defensores de las reglas europeas de la Unión, como Francia, Alemania, Irlanda y los Países Bajos, denunciaron el acto de audacia nacionalista polaca y pidieron un fuerte castigo económico para la renegada Varsovia, en caso de que no cumpliera sus acuerdos, o incluso que abandonara la Unión, provocando un ‘Polexit’.
Mientras hablaba en una reunión de manifestantes pro-UE en Varsovia el domingo 10 de octubre, Donald Tusk, exjefe del Consejo Europeo y ahora líder de Plataforma Cívica, dijo que un «pseudo tribunal, un grupo de personas vestidas con trajes de juez y por orden del líder del partido, en violación de la constitución polaca, decidió sacar a nuestra patria fuera de la UE”.
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“Después de todo, sabemos muy bien por qué quieren dejar la Unión Europea”, agregó Tusk. «De hecho, para violar los derechos de los ciudadanos con impunidad, violar los principios democráticos y robar sin restricciones», dijo Tusk, según AP.
Mientras tanto, el gobierno polaco negó con vehemencia que el país esté considerando excluirse de la Unión, pero, al mismo tiempo, delimita los límites de su propio territorio judicial.
«Todas las obligaciones derivadas de la legislación de la Unión Europea, tanto primaria como secundaria, siguen en vigor y, por lo tanto, Polonia las seguirá respetando plenamente», dijo en un comunicado.
“Las disposiciones del Tratado de la Unión Europea señaladas en la sentencia… siguen vigentes. Lo que no se puede aceptar son solo las formas de su interpretación o aplicación que violen la constitución”.
Más aún, el primer ministro Mateusz Morawiecki desestimó la difusión de rumores de que los polacos planean abandonar el bloque como rumores y noticias falsas.
«Nuestra querida oposición está tratando de insinuar que queremos debilitar la unión abandonando la UE», dijo el martes Morawiecki durante una cumbre de las cuatro naciones centroeuropeas de «Visegrad» en la capital húngara, Budapest.
«Obviamente, esto no es solo una noticia falsa, es algo peor, es una mentira que tiene como objetivo debilitar a la Unión».
Las relaciones entre Polonia y la UE comenzaron a mostrar grietas cuando, en 2015, Morawiecki y su conservador y patriótico Partido Ley y Justicia, o PiS, ganaron las elecciones presidenciales y parlamentarias.
Poco después de su toma de posesión, el nuevo Presidente Andrzej Duda empezó a designar a varios jueces constitucionales que fallarían más en consonancia con los principios del partido, para indignación de varios miembros de la línea dura de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo consideraron una violación de los códigos legales polacos.
Según la BBC, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, dijo que «nuestra máxima prioridad es garantizar que los derechos de los ciudadanos polacos estén protegidos y que los ciudadanos polacos disfruten de los beneficios otorgados por la membresía de la Unión Europea».
Pero PiS justificó la decisión, alegando que contribuiría a la responsabilidad de los jueces; mientras tanto, los nombramientos fueron un medio para purgar a los elementos gobernantes corruptos de la era comunista (1945-1989).
Las sanciones financieras inminentes ordenadas por Bruselas golpearán exactamente el talón de Aquiles de los polacos, ya que la economía del país se apoya en gran medida en decenas de miles de millones de dólares en subvenciones europeas y los subsidios que recibe anualmente.
Mientras tanto, Morawiecki tiene nuevos problemas que surgen en el horizonte oriental, donde se enfrenta a una enorme afluencia de inmigrantes procedentes de la vecina Bielorrusia. Un incidente ocurrido el 2 de septiembre hizo que el gobierno proclamara el estado de emergencia a lo largo de su región fronteriza de 418 kilómetros (260 millas).
La inmigración masiva es un problema estructural desde hace algunos años para Morawiecki y su partido, que acusa al presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, de desestabilizar las fronteras de Europa del Este y la sociedad polaca al abrir totalmente las compuertas de la inmigración, en un intento de hacer retroceder las sanciones europeas impuestas a Minsk.
