Una propuesta de la administración Biden que permitiría a los funcionarios de Hacienda examinar todas las transferencias de dinero de más de 600 dólares ha provocado importantes reacciones y críticas, a pesar de las garantías de que la política se dirige a los evasores de impuestos entre los ricos y no a los estadounidenses de a pie.
En la actualidad, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) recibe alertas de las transacciones por valor de 10.000 dólares o más.
Ese requisito, según el corresponsal senior Damon Linker de The Week, ya «a veces resulta en problemas (auditorías, investigaciones e incluso confiscación de activos civiles) para individuos y propietarios de pequeñas empresas».
Reducir el umbral a 600 dólares supondría una carga para las personas, los propietarios de pequeñas empresas y los bancos, argumentó Linker en un artículo de opinión del 12 de octubre.
Según un informe de The New York Times, la propuesta se produjo mientras el gobierno de Biden pensaba en formas de pagar una próxima ley de infraestructuras de varios billones de dólares, y tenía en cuenta los 7 billones de dólares estimados en impuestos no pagados.
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La Casa Blanca estima que la reducción del umbral de declaración a 600 dólares ayudaría a que el gobierno obtuviera 460.000 millones de dólares más en ingresos fiscales durante la próxima década.
«Es difícil imaginar que el IRS procese eficazmente el tsunami de datos que esta norma exigiría a los bancos. Pero es aún más difícil creer que los clientes de la banca se conformen con ello», escribió Linker.
Actualmente, los bancos envían información sobre las ganancias por intereses de sus clientes. Bajo la nueva regla, los bancos también tendrían que entregar información sobre el saldo de la cuenta. Esto permitiría al IRS verificar las discrepancias entre los ingresos declarados y los activos presentes en las cuentas de empresas e individuos.
El artículo del New York Times, publicado el 11 de octubre, observa que «los bancos desde Denver hasta Filadelfia dicen que están siendo inundados con llamadas, correos electrónicos y quejas en persona de ahorradores y propietarios de pequeñas empresas preocupados por la propuesta».
Más de 100 millones de estadounidenses se verían afectados por la regulación, escribió el Times, así como millones de empresas.
La secretaria del Tesoro de Biden, Janet Yellen, rechazó las críticas a la propuesta, afirmando que la comprobación y posible auditoría por parte del IRS de las discrepancias encontradas entre las transacciones de entre 600 y 10.000 dólares estaría dirigida a «individuos y empresas de alto valor neto».
«Hay mucho fraude fiscal y trampas que están ocurriendo», dijo a Norah O’Donnell de CBS News en una entrevista televisada.
O’Donnell cuestionó la necesidad de que el IRS se centre en las transacciones de menos de 10.000 dólares, dadas las declaraciones de Yellen de que la política se dirigía a los ricos y a sus fuentes de ingresos «opacas».
“Creo que esta propuesta ha sido muy mal caracterizada. La propuesta no implica informes de transacciones individuales de ningún individuo”, respondió Yellen, antes de decir que el IRS carecía de información suficiente sobre ciertos “individuos”.
“Es decir, un déficit en la cantidad que el IRS está recaudando debido a que las personas no informaron los ingresos que han ganado”, dijo.
O’Donnell respondió: «Pero eso es entre multimillonarios. ¿Es entre personas que transfieren 600 dólares?»
En septiembre, la senadora Cynthia Lummis (republicana de Wyoming), criticó la propuesta en una audiencia, diciéndole a Yellen que el «umbral de 600 dólares no es normalmente donde se va a encontrar la enorme cantidad de ingresos fiscales que usted cree que los estadounidenses le están engañando».
Yellen defendió el umbral y dijo que «es importante tener información completa para que las personas no puedan jugar con el sistema y tener varias cuentas».
