El fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, ordenó a la Oficina Federal de Investigación (FBI) que ofrezca protección al personal escolar, a los directivos y a los profesores, solo unos días después de que una asociación de consejos escolares escribiera al presidente Biden solicitando la movilización de las fuerzas del orden federales en respuesta a las protestas contra la Teoría Crítica de la Raza (CRT, por sus siglas en inglés).
El 29 de septiembre, la Asociación Nacional de Consejos Escolares (NSBA) escribió una carta de seis páginas a Biden en la que se quejaba de los «ataques contra los miembros de los consejos escolares y los educadores por aprobar las políticas de las máscaras» y de las «amenazas físicas a causa de la propaganda que pretende la falsa inclusión de la teoría crítica de la raza en la enseñanza y los planes de estudio».
“Esta propaganda continúa a pesar del hecho de que la teoría crítica de la raza no se enseña en las escuelas públicas y sigue siendo una materia compleja de la escuela de derecho y de la escuela de posgrado mucho más allá del alcance de una clase K-12”, afirmó la Asociación.
La NSBA agradeció a Biden tanto por sus medidas COVID-19 como por los fondos desembolsados al sistema educativo a partir de varios paquetes de gastos al tiempo que le pidió al gobierno federal que ejerciera «los estatutos existentes, la autoridad ejecutiva, los grupos de trabajo interinstitucionales e intergubernamentales y otras medidas extraordinarias» con el fin de «Garantizar la seguridad de nuestros niños y educadores… y preservar la infraestructura de las escuelas públicas».
La carta pedía el despliegue del Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Nacional, el Servicio Secreto, el Centro Nacional de Evaluación de Amenazas y el FBI, ya que la NSBA afirmaba que «los actos de malicia, violencia y amenazas contra los funcionarios de las escuelas públicas» debían ser considerados como «una forma de terrorismo doméstico y crímenes de odio».
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La Asociación también solicitó el despliegue de la Ley PATRIOT y una Orden Ejecutiva Presidencial.
En una oración que pedía «colaboración conjunta» entre las fuerzas del orden locales y federales para «centrarse en estas amenazas», la NSBA citó un artículo del 1 de septiembre de la Junta Editorial del medio de comunicación del área de Washington, HeraldNet, que denunciaba a los asistentes a una protesta frente a un Reunión de la junta del Distrito Escolar de Marysville contra las medidas del gobernador Jay Inslee, entre ellas las mascarillas obligatorias y los mandatos de vacunas obligatorias. La carta decía que estos manifestantes gritaban obscenidades, golpeaban ventanas e hicieron que un funcionario de la Junta lo pasara mal mientras intentaba alejarse de la reunión.
El 4 de octubre, el fiscal general Garland escribió un memorando para el FBI y la oficina del Fiscal General de los Estados Unidos publicado en el sitio web del Departamento de Justicia que dice: «En los últimos meses, se ha producido un preocupante aumento del acoso, la intimidación y las amenazas de violencia contra los administradores escolares, los miembros del consejo de administración, los profesores y el personal que participa en la labor vital de dirigir las escuelas públicas de nuestro país».
“En los próximos días, el Departamento anunciará una serie de medidas diseñadas para abordar el aumento de la conducta delictiva dirigida al personal escolar”.
Garland luego ordenó al FBI que trabajara con los fiscales de los Estados Unidos en cada uno de los 14.000 distritos escolares públicos del país para «convocar reuniones con líderes federales, estatales, locales, tribales y territoriales en cada distrito judicial federal dentro de los 30 días posteriores a la emisión de este memorando».
“Estas reuniones facilitarán la discusión de estrategias para abordar las amenazas contra los administradores escolares, los miembros de la junta, los maestros y el personal, y abrirán líneas de comunicación dedicadas para informar, evaluar y responder a las amenazas”, se lee en la carta.
En un comunicado de prensa que acompaña al memorando de Garland, el Departamento de Justicia citó «un aumento en el acoso, la intimidación y las amenazas de violencia contra los miembros de la junta escolar, los maestros y los trabajadores en las escuelas públicas de nuestra nación».
También señaló que «el Departamento de Justicia también creará capacitación y orientación especializadas para las juntas escolares locales y los administradores escolares».
“Esta capacitación ayudará a los miembros de la junta escolar y a otras víctimas potenciales a comprender el tipo de comportamiento que constituye una amenaza, cómo denunciar una conducta amenazante a las agencias policiales apropiadas y cómo capturar y preservar la evidencia de la conducta amenazante para ayudar en la investigación y el enjuiciamiento de estos crímenes».
Según Fox News, el 5 de octubre, el senador Josh Hawley (Republicano, Missouri) desafió directamente a Garland sobre el tema en una carta, calificando el Memorando del fiscal general como una «desviación alarmante» de lo que Garland le dijo al Senado bajo juramento durante su audiencia de confirmación.
Hawley caracterizó la Teoría Crítica de la Raza como «un rechazo directo del principio del Dr. Martin Luther King Jr. de que los individuos deben ser juzgados por el contenido de su carácter, no por el color de su piel».
El senador continuó: «Los estadounidenses han respondido a esta ideología radical ganando las elecciones para los consejos escolares locales y protestando pacíficamente en las reuniones de los consejos escolares. Sin embargo, su memorándum de ayer al FBI y a los fiscales locales de EE.UU. ignoró todo esto y advirtió de una insurgencia de «amenazas de violencia» y «esfuerzos para intimidar a las personas en función de sus opiniones».
«Ciertamente comparto su opinión de que las amenazas de violencia no tienen cabida en este país, pero el trasfondo de su memorando sugiere fuertemente que su preocupación no es la violencia, sino un retroceso democrático contra la teoría crítica de la raza».
«Su anuncio, apenas unos días después de la carta de la NSBA, es alarmante. No hay lugar para que el gobierno federal interfiera en la actividad democrática habitual», dijo el senador Hawley. «No ha aportado ninguna prueba de amenazas reales y genuinas de violencia. En cambio, parece que ha decidido utilizar recursos federales para ayudar a grupos de interés como la NSBA a marcar a los defensores de la visión de King como enemigos de la república.»
