El 22 de septiembre, un juez federal de Estados Unidos ordenó a Facebook que divulgara registros de cuentas cerradas relacionadas con la violencia del gobierno de Myanmar hacia la comunidad rohingya. La magistrada estadounidense, la jueza Zia M. Faruqui, criticó a Facebook por no proporcionar información a los países que están llevando un caso en la corte internacional contra Myanmar. Afirmó que permitir que Facebook retenga esos datos «agravaría la tragedia que ha caído sobre los rohingya».
Facebook se negó a divulgar los datos citando problemas de privacidad. Según el gigante de las redes sociales, tal medida sería una violación de una ley estadounidense que impide que los servicios de comunicaciones electrónicas revelen las interacciones de sus usuarios. Pero el juez señaló que las publicaciones eliminadas no estarían cubiertas por la ley.
“Bloquear el contenido solicitado sería desperdiciar la oportunidad de entender cómo la desinformación engendró genocidio”, escribió Faruqui en el fallo. Añadió que Facebook asumir el manto de los derechos de privacidad es «rico en ironía», y señaló que «los sitios de noticias tienen secciones enteras dedicadas a la sórdida historia de escándalos de privacidad de Facebook».
Un portavoz de Facebook le dijo a Forbes que la compañía estaba evaluando la decisión y señaló que ya había hecho «divulgaciones voluntarias y legales» al Mecanismo de Investigación Independiente de las Naciones Unidas para Myanmar (IIMM).
El gobierno de Gambia está buscando los datos de las cuentas cerradas ya que quiere procesar al gobierno de Myanmar en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya. Myanmar ha sido acusado por Gambia de violar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Genocidio de 1948.
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En 2018, los investigadores de la ONU culparon a Facebook por desempeñar un papel en la difusión del discurso de odio que desencadenó la violencia contra los rohingya. Facebook admitió en ese momento que era «demasiado lento para evitar la desinformación y el odio» en Myanmar.
Las cuentas, que se cerraron en 2018, incluyen las de altos líderes militares de Myanmar, como el senador general Min Aung Hlaing, cuyas tropas participaron en la violenta «operación de limpieza» en el estado de Rakhine. Más de 700.000 rohingya se vieron obligados a abandonar sus hogares tras la represión militar. Se hicieron acusaciones de asesinato en masa y violación. Los grupos de derechos humanos también señalaron que se incendiaron pueblos y se llevaron a cabo asesinatos en masa.
Sin embargo, las autoridades de Myanmar han negado las acusaciones de genocidio. Según ellos, no se cometieron atrocidades planificadas ya que solo estaban combatiendo una insurgencia. La supresión de los rohingyas no generó mucho clamor en el estado de mayoría budista de Myanmar en ese momento. Se considera que los rohingyas son inmigrantes ilegales de Bangladesh.
“Facebook puede actuar ahora. Dio el primer paso al eliminar el contenido que alimentó un genocidio. Sin embargo, ha tropezado en el siguiente paso, compartiendo ese contenido. No hacerlo aquí agravaría la tragedia que ha caído sobre los rohingya», dijo Faruqui en su juicio. Shannon Raj Singh, asesor de derechos humanos en Twitter, calificó la decisión de «trascendental» y «uno de los principales ejemplos de la relevancia de las redes sociales para la prevención y respuesta a las atrocidades modernas».
